La Directora de la Defensoría Pública de Nicaragua, doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, se reunió, este 30 de mayo, con una Misión del Banco Mundial, presida por el Gerente del Sector Público para América Latina y El Caribe, doctor David F. Varela, quién estaba interesado en conocer el trabajo que realiza la institución, sus desafíos, dificultades y necesidades.
Junto a Varela asistieron la consultora de ese organismo financiero internacional, doctora Tira Rivera Cira, además de los consultores doctores Francisco Lázaro y Harry Bodán. También estuvo presente en la reunión la doctora María Esperanza Nieto Otero, subdirectora de la Defensoría Pública.
Varela explicó a la doctora Ibarra que el objetivo del encuentro era conocer a fondo las funciones de la Defensoría y que el interés radicaba en que se realizará un diagnóstico (que dirigirá Rivera) sobre las necesidades de las instituciones de la administración de justicia criminal de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, para luego presentarlo a la comunidad de donantes, quizás en mayo del próximo año, para ver de qué manera se les puede ayudar a superar las dificultades que tienen para la aplicación de algunas normas.
“Hay tantas áreas donde las instituciones de justicia criminal luchan por el cumplimiento de normas locales e internacionales, pero por la falta de recursos y dificultades internas, no les permiten cumplir con esas metas, entonces el propósito de esta investigación es identificar las áreas donde hay fortalezas y debilidades y preguntarnos cómo podríamos ayudar a superar esas dificultades, de modo que podamos convocar a la comunidad de donantes, a través de una conferencia internacional”, dijo el alto funcionario del Banco Mundial.
Por su parte la doctora Ibarra hizo una amplia exposición a la delegación del Banco Mundial sobre la misión, visión y las líneas estratégicas de trabajo de la Defensoría Pública.
En su intervención la doctora Ibarra aseguró que una de líneas estratégicas es el trabajo de construcción de ciudadanía y liderazgo que realizan los defensores públicos en sus municipios, creando alianzas con alcaldías, iglesias, ONGs, instituciones estatales, medios de comunicación y población organizada, entre otros para divulgar el trabajo de la Defensoría y los derechos humanos de los pobladores de esos municipios.
En ese sentido sostuvo que actualmente se han suscrito convenios de colaboración con unas 30 alcaldías y dos universidades para la divulgación de los derechos humanos y el apoyo a la gestión de los defensores públicos.
Asimismo dijo que los defensores públicos se han empoderado y tienen, en algunos municipios, programas de radio y televisión en donde divulgan los derechos de las personas, en espacios de duración de hasta una hora semanal.
Agregó que actualmente existen 290 defensores públicos ubicados en 130 municipios, lo que representa un crecimiento de casi el 100 por ciento en el último año, pero esto acarrea consigo un déficit de equipos de computación, así como dificultades financieras para los cursos de capacitación y especialización de los defensores públicos en sus diferentes ramas.
La doctora Ibarra también explicó que en los próximos meses la defensoría estará realizando un diagnóstico para la aplicación de la justicia indígena y el nombramiento de defensores públicos indígenas en las comunidades de pueblos originarios.
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