La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora Alba Luz Ramos Vanegas, y el Presidente del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur, Reverendo Rayfield Hodgson, intercambiaron un Acuerdo de Colaboración para la elaboración de un Modelo de Administración de Justicia en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
El acuerdo es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de la Junta de Andalucía, España y contempla el diseño y adopción de un modelo de justicia basado en el estudio y armonización de los derechos humanos y el derecho consuetudinario.
Dicho modelo, una vez consensuado y armonizado con las comunidades indígenas, deberá ser presentado a la CSJ para su aprobación.
El intercambio incluyó la entrega de un cheque de 44 mil 450 dólares de parte del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS), de los fondos donados por Andalucía, a la CSJ, para que la Defensoría Pública de Nicaragua realice el diagnóstico de elaboración del modelo de administración de Justicia en la RAAS.
La magistrada Ramos expresó que la elaboración del diagnóstico no es más que el reconocimiento que hace el Estado nicaragüense a las comunidades de la Costa Caribe en cumplimiento a la Constitución Política de Nicaragua.
“Este diagnostico, que tiende a la armonización de los sistemas normativos estatales e indígenas, tiene su base jurídica en el Arto. 5 de nuestra Constitución Política, en donde se consagra el reconocimiento que hace el Estado nicaragüense del derecho que tienen las comunidades de la Costa Caribe de mantener y desarrollar su cultura, tener sus propias formas de organización social y de administrar sus asuntos locales”, expresó.
Agregó la magistrada Ramos que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que “la Administración de Justicia en las Regiones Autónomas se regirá por las regulaciones especiales que reflejan las particularidades culturales de sus comunidades”.
La magistrada presidenta de la CSJ agradeció la cooperación de Andalucía para la elaboración del diagnóstico, que incluye a comunidades indígenas, ulwas, ramas, garífunas y afro descendientes.
Por su parte la Directora Nacional de la Defensoría Pública de Nicaragua, doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, explicó que para realizar el diagnóstico se realizarán 14 encuentros en los municipios de Laguna de Perla, Desembocadura del Río Grande, La Cruz de Río Grande, Kukra Hill y Corn Island, presentando un documento en todas la lenguas que se hablan en esa región del Caribe.
“Este estudio culminará con la realización de un foro regional en el que se debatirá sobre la forma en que se aplica la justicia en las comunidades indígenas de esta región”.
El reverendo Hodgson dijo por su parte que “Nicaragua está un año luz adelante del resto de países latinoamericano en cuanto a justicia comunitaria y aplicación de la leyes para las comunidades indígenas”. Resaltó la existencia de la Ley de Autonomía de la Costa Caribe y de la ley de Demarcación Territorial de la Comunidades Indígenas.
“Nicaragua es un país que reconoce los derechos de las etnias indígenas. Este es un acto más en el que se ha permitido a la Región Autónoma del Atlántico Sur expresarse y buscar su forma de administración de justicia”, aseguró Hodgson.
“Estamos muy contentos con una Corte de Justicia que nos permita trabajar con ella. Creo que Nicaragua va a avanzar”, agregó.
En el evento participaron el magistrado vicepresidente de la CSJ, Marvin Aguilar García, la magistrada Yadira Centeno González, la licenciada Leonor Guadamuz Directora de la Secretaría de la Mujer del CRAAS, el delegado de la Defensoría en la RAAS, licenciado Juan Antonio Ortiz y funcionarios del Poder Judicial.
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