“Impugnar acuerdo sería grave acto de irresponsabilidad”

Escrito por Yelba Orozco
Sábado, 31 de Julio de 2010


* Asegura la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Dra. Alba Luz Ramos Vanegas.


“Si los magistrados liberales impugnan este lunes el acuerdo alcanzado el pasado viernes 30 de Julio que permite destrabar el funcionamiento de las cuatro salas y la administración de la Corte Suprema de Justicia, esto sería “una grave irresponsabilidad de dichos funcionarios para con el pueblo que les paga su salario y para con nosotros los que estamos trabajando para tratar de sacar de esta crisis al Poder Judicial”, advirtió la doctora Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta en funciones del supremo tribunal.

Luego de diez intentos e iguales convocatorias a reuniones de corte plena desde el 14 de Junio que venció el período presidencial del liberal Manuel Martínez, la doctora Ramos logró anunciar el viernes que por fin hubo “humo blanco”, cuando los ocho magistrados sandinistas y algunos de sus colegas liberales, entre ellos su representante y negociador oficial Martínez, firmaron un acuerdo básico para reiniciar a partir del lunes 2 de Agosto las actividades jurisdiccionales en la CSJ.

El acuerdo está ya certificado por el Secretario de la Corte y consiste en la organización de grupos integrados con la presencia física de cuatro magistrados, para escoger y resolver los juicios presentes en las secretarías de las cuatro salas de la Corte, incluyendo los que están ya proyectados y actualmente circulando.

En caso que no se logre el proyecto de sentencia, el caso se continuará analizando y estudiando con el fin de lograr el acuerdo de los cuatro magistrados. Durante este período especial, no se conocerán en la CSJ juicios de naturaleza política ni ningún tipo de incidentes relacionados con dichos casos.

El documento establece una calendarización de actividades diarias en las cuales participarán todos los magistrados de la corte, iniciando a partir de este lunes dos de agosto cuando se reunirán para conocer los juicios y asuntos pendientes en el área penal, laboral y disciplinaria. El día martes se verán en corte plena los casos civiles y de lo contencioso administrativo, el miércoles los trámites pendientes en sala constitucional y finalmente, el jueves, se realizará la presentación de sentencias aprobadas y suscritas por todos los grupos de trabajo integrados por cuatro magistrados.

Grupos de trabajo

Las sentencias suscritas y aprobadas por los grupos de trabajo serán llevadas a los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia para su homologación, suscripción, notificación, cumplimiento y ejecución. Finalmente, el acuerdo crea un grupo de trabajo conformado por cuatro magistrados, para conocer y resolver por acuerdo los asuntos laborales y disciplinarios. Una vez aprobados los acuerdos dentro de los grupos, se llevarán a la corte plena, para su aprobación.

“Con el acuerdo alcanzado no quiere decir que está la Corte Suprema de Justicia integrada. Todo se encuentra a medias, ya que no se está nombrando a presidentes de sala, ni presidente, ni vicepresidente de la corte. Estamos acordando resolver los casos ordinarios dentro de las salas y que no están relacionados con temas políticos. Lo que se quiere es dar una respuesta a los casos que tiene pendiente la población dentro del Poder Judicial. Ellos nos pagan para esto, y es justo darles una atención inmediata y respuesta a sus trámites atrasados”, manifestó la doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

El acuerdo fue suscrito por más de la mitad necesaria de firmas para validar el acuerdo y tiene como fundamento el artículo 164 de la Constitución Política, que faculta a la Corte Suprema de Justicia para organizar y dirigir la administración de justicia.

Al preguntársele sobre rumores circulados el fin de semana sobre una eventual “impugnación” del acuerdo, la doctora Ramos lamentó que algunos de sus colegas liberales “quieran seguir jugando, no con nosotros sino con el pueblo, que espera de ellos una actitud más responsable, porque no estamos hablando de ningún interés político, sino de cómo destrabar el funcionamiento mínimo, para que la población no siga esperando por justicia”.

En cualquier caso, si esto ocurriera, “al final será el pueblo quien va a juzgar la actitud de cada quien”, dijo la doctora Ramos.