La corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, suspendió a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur, cuya sede está ubicada en la ciudad de Granada.
Los magistrados fueron suspendidos de sus cargos, hasta que se esclarezcan la situación que produjo una sentencia para liberar a diez personas que están siendo procesadas por el delito de narcotráfico internacional de estupefacientes.
El vocero de la CSJ Roberto Larios, dio lectura a la resolución que ordena la suspensión de sus cargos de los magistrados Alejandro Estrada, Julia Selva y Ligia Rivas, ésta última ostentaba el cargo de presidenta del tribunal antes citado.
El documento de suspensión fue firmado por los magistrados Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar, Yadira Centeno, Juana Méndez, Rafael Solís, Ligia Molina Argüello, Francisco Rosales y Armengol Cuadra.
A estos funcionarios también se les suspendió el goce de salario y se les orientó la entrega de un informe dentro de tres días, donde expliquen la situación y del por qué decidieron elaborar la sentencia que otorgaba libertad a los procesados por narcotráfico, que se encuentran aún detenidos gracias a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público y Procuraduría General de la República (PGR).
Larios señaló que la Inspectoría Judicial realiza su propia investigación para determinar y esclarecer todo lo relacionado con este caso y brindarán su propio informe, para que las autoridades de la CSJ tomen una decisión definitiva.
En las sentencias 39-2010 y 40-2010 los judiciales ordenaron la libertad de los condenados por narcotráfico, William Fernando Argueta Pérez, Erick Armando Urbina Arauz, Armando Urbina Cerros, Everth Enrique Coronado, Bayardo José Arias Díaz, Pedro José Meléndez, Alberto Núñez Sevilla, Félix Dávila, Gilberto Antonio Vanegas Vargas y Carlos Mauricio Gutiérrez Benavides.
En la resolución los funcionarios suspendidos también ordenan anular el juicio en contra del supuesto cabecilla de la banda, Carlos Enrique Ciezar Robles, y por si fuera poco mandatan la devolución de los bienes incautados en todo el proceso contra los narcotraficantes.
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