Escrito por Janelys Carrillo Barrios
MARTES, 06 DE JULIO DE 2010
La Octava Cumbre Iberoamericana de Justicia Constitucional se constituirá en un rico intercambio de experiencias respecto al impacto de la globalización en los derechos fundamentales sociales y económicos de los habitantes de los 17 países de América Latina, el Caribe y Europa que desde hoy y hasta el próximo viernes se reúnen en Managua invitados por el Poder Judicial de Nicaragua, informó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia doctor Francisco Rosales Argüello.
MARTES, 06 DE JULIO DE 2010
La Octava Cumbre Iberoamericana de Justicia Constitucional se constituirá en un rico intercambio de experiencias respecto al impacto de la globalización en los derechos fundamentales sociales y económicos de los habitantes de los 17 países de América Latina, el Caribe y Europa que desde hoy y hasta el próximo viernes se reúnen en Managua invitados por el Poder Judicial de Nicaragua, informó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia doctor Francisco Rosales Argüello.
El magistrado Rosales Argüello invitó a la prensa nacional e internacional acreditada en Nicaragua a cubrir las ponencias de los presidentes de Cortes Supremas de Justicia y de Cortes Constitucionales de esos 17 países, quienes compartirán con sus homólogos su experiencia de cómo tutelan los derechos humanos de sus conciudadanos.
“Vienen diez presidentes de Cortes Supremas y la Comisión de Venecia, que es observador de primer nivel y encargada de organizar la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se celebrará en Río de Janeiro en el 2011. Ahí se planteará una sola voz frente a los retos de la globalización”, adelantó el funcionario.
De acuerdo con el ex presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, la importancia del magno evento radica en que son las mismas Cortes Constitucionales que a diario resuelven conflictos de intereses entre el individuo, el Estado y las corporaciones y transnacionales, las que también abordarán los retos que les plantea la globalización.
“La jurisdicción constitucional es estrictamente política, cuando hablamos de eso nos referimos a la revisión jurisdiccional del acto de la administración pública”, explicó el magistrado Rosales.
Restablecer igualdad
Señaló que los tribunales constitucionales tienen en sus manos un gran reto, que es restablecer la igualdad de los ciudadanos para que sus derechos económicos y sociales no sean una simple proclama, sino una realidad, algo que en Nicaragua su Poder Judicial ha garantizado, gracias a la creación de la figura y aplicación del Recurso de Amparo y de Inconstitucionalidad.
“Debemos buscar que los tribunales sirvan para garantizar que el empresario no abuse de la propiedad de la empresa”, precisó el magistrado, quien recordó que en materia de propiedad el Poder Judicial de nuestro país ha logrado proteger los derechos ciudadanos y más recientemente en el ámbito de la salud y la educación.
“Cuando se dictan políticas económicas no se dictan de común acuerdo con los tribunales y entonces hay medidas que violentan los derechos económicos fundamentales, lo mismo ocurre cuando se privatizan sectores de la economía”, indicó al explicar el origen de las desigualdades que los tribunales constitucionales deben resolver.
Mencionó la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, como un ejemplo de las barbaridades que el gran capital realiza contra los ciudadanos, pues establece que si una zona franca violenta los derechos fundamentales de los trabajadores nicaragüenses es el país el que debe pagar una multado de 30 millones de dólares, en vez de que la sancionada sea la transnacional.
Consultado por los periodistas sobre cómo manejará la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua la realización del evento, cuando los magistrados liberales han anunciado protestas por la supuesta ilegalidad de la presidencia de la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, el doctor Rosales respondió enfáticamente: “No tenemos temor de que boicoteen” la conferencia.
La investidura de la magistrada Ramos Vanegas está legal y plenamente soportada por la Constitución y la legislación nicaragüense, concluyó el doctor Francisco Rosales Argüello.
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