La Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Defensoría Pública de Nicaragua y la Confraternidad Carcelaria de Nicaragua, suscribieron este martes un convenio de colaboración para mejorar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
El documento fue suscrito entre la Presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos Vanegas y Monseñor Luis Amado Peña Rojas, Presidente de la Confraternidad Carcelaria de Nicaragua y Presidente de la Pastoral de Cárcel y como testigo de honor el vicepresidente de la CSJ, doctor Marvin Aguilar García.
El acuerdo establece la búsqueda de un mecanismo para descongestionar los centros penales del país, proveyendo asistencia legal gratuita a los privados de libertad y en casos que ameriten excarcelación mediante beneficios legales, enfermedades crónicas, indultos u otras causas.
El mecanismo será la creación de una Defensoría Voluntaria de la Confraternidad Carcelaria, en la que profesionales del derecho voluntarios prestarán servicios legales y gratuitos a los privados de libertad, en conjunto con la Defensoría Pública, donde éstos voluntarios tendrán sus oficinas.
Los defensores voluntarios deberán atender un mínimo de 200 personas privadas de libertad anualmente, según los términos del convenio suscrito por la doctora Ramos y Monseñor Peña.
La magistrada presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos dijo que el objeto principal del convenio suscrito es mejorar al acceso a la justicia de las personas privadas de libertad, proveyéndoles de asistencia legal gratuita, así como procurar el descongestionamiento de los centros penales de Nicaragua.
Agregó que el convenio tiene su fundamento en la Constitución Política de Nicaragua que estatuye en su artículo 39 que el sistema penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintégralo a la sociedad, lo cual es congruente con la visión del Poder Judicial para garantizar los derechos humanos.
“Sin duda esta tarea que hoy se inicia es ardua. Estamos seguros que alcanzaremos las metas trazadas en este convenio”, expresó la presidente de la CSJ.
Agradeció a la Agencia Holandesa de Cooperación por el decidido apoyo que brindado al proyecto.
Por su parte Monseñor Peña, dijo que “al firmar este convenio pretendemos impulsar la defensoría social dirigida a apoyar a las y los privados de libertad, nos proponemos apoyar a la Defensoría Pública para mejorar el acceso a la justicia en los centros penales de la Modelo y la Esperanza”.
Monseñor recordó que “donde la justicia va creciendo, la violencia va disminuyendo. El mundo de hoy se está dando cuenta que la justicia vengativa no cambia a las personas, lo que cambia a las personas es la justicia que lleva a la reconciliación. Con este convenio queremos darle continuidad a la justicia restaurativa, justicia que lleva a restaurar tanto al que ha cometido el delito como a la víctima”, precisó.
Al evento asistieron los magistrados Rafael Solís, Armengol Cuadra y la magistrada Yadira Centeno. También estuvieron presentes, la Procuradora Especial de Cárceles, doctora Helena López Malespín, la Alcaide Katia Orozco Mena, Directora del Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza, entre otros.
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