Ramas construyen su modelo de Justicia

Con el apoyo de la cooperación de Andalucía (España), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Defensoría Pública de Nicaragua, el Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur (GRAS), y líderes de Rama Cay (Ramaquí), dio inicio a la elaboración de un Modelo de Administración de Justicia para los pueblos indígenas de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

El encuentro es el primero de 14 que se realizarán en los municipios de Laguna de Perla, Desembocadura del Río Grande, La Cruz de Río Grande, Kukra Hill y Corn Island.

Rama Cay, a 15 kilómetros de Bluefields, es una comunidad asentada en una isla de un poco más de cuatro manzanas de tierras, donde habitan alrededor de dos mil personas, todas ellas de la etnia Rama, que han estado en ese lugar desde el siglo 18 ó 19, resistiendo al tiempo, las invasiones de otras etnias al extenso territorio Rama y a la propia extinción de su milenaria lengua.

En el Territorio Indígena Rama y Kriol (creole), que tiene una extensión de más de 400 mil hectáreas (unos 4,068 kilómetros cuadrados de tierras y otros 4.413 de agua), se asientan las comunidades de Rama Cay, Tiktik Kaanu, Sumu Kaat, Bang Kukuk, Winng Cay e Indian River.

Además están las comunidades afrodescendientes de Monkey Point, Corn River y Gray Town.

Por la distancia entre las comunidades, en la reunión que sostuvo la Directora Nacional de la Defensoría Pública, Clarisa Indiana Ibarra Rivera y otras autoridades regionales para definir cuál es el modelo de justicia rama, .

participaron representantes de las comunidades de Rama Cay, Tik Tik Kaanu y Sumu Kaat.

En el evento también estuvo presente una representación de los creoles de El Bluff.

La doctora Ibarra señaló que estas reuniones o encuentros con los líderes y representantes de las comunidades indígenas son para elaborar con ellos un diseño de modelo de justicia basado en la armonización de los derechos humanos, el derecho consuetudinario y el derecho ordinario o estatal.

“Esto significa que si una comunidad tiene su forma de administración de justicia, sus jueces o whitas o asociación comunitaria y aplican sanciones en determinados faltas o delitos, estas penas deben ser respetadas por la justicia ordinaria”, explicó la doctora Ibarra.

“Esto tiene su base jurídica en el Arto. 5 de nuestra Constitución Política, en donde se consagra el reconocimiento que hace el Estado nicaragüense del derecho que tienen las comunidades de la Costa Caribe de mantener y desarrollar su cultura, tener sus propias formas de organización social y de administrar sus asuntos locales”, agregó.

“Este modelo va a salir de todos los aportes y conocimientos que ustedes hagan”, precisó la doctora Ibarra al dirigirse a los participantes en el evento.

Por su parte los indígenas mostraron su satisfacción porque el Estado, a través del Poder Judicial, la Defensoría Pública y el Gobierno Regional, estén interesados en hacer un reconocimiento a las formas de organización del pueblo rama.

Antony Oscar, vicepresidente del Consejo Regional del Atlántico Sur, y originario de Rama Cay, dijo sentirse satisfecho con el trabajo que se está realizando para beneficio de los pueblos indígenas.

“Son acciones que nos sirven para fortalecer el trabajo que desde el gobierno regional estamos realizando”, dijo.

Becky McCray, Coordinadora de Justicia Comunitaria para el Territorio Rama, explicó que ellos tienen elaborado un documento donde están definidas sus forma de administrar justicia y las autoridades que las aplican territorialmente, por lo que el estudio que se está haciendo viene a fortalecer la visión que ellos tienen sobre la armonía que debe existir entre la justicia comunitaria y la justicia estatal u ordinaria.

McCray también expresó las preocupaciones sobre el futuro del Territorio Indígena Rama y Kriol, puesto que desde los años 90 ha existido una invasión de colonos mestizos a sus ancestrales tierras y el caso se encuentra ahora en la CSJ, puesto que los invasores interpusieron un recurso de amparo contra las acciones del gobierno central que estaba elaborando la escritura de las tierras comunales para los ramas y reclaman casi la mitad del territorio indígena.

En el acto de lanzamiento de este estudio participaron el presidente del Tribunal de Apelaciones de Bluefields, Marcelino Alarcón, Antony Oscar, Vicepresidente de Gobierno Regional del Atántico Sur, Norma Wou, de la Secretaría de la Mujer del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur y Raúl Muñoz de la cooperación de Andalucía.